A partir del 15 de octubre de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el enlace operativo del Ejecutivo Federal para que en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, impulsen las acciones para consolidar el Sistema de Justicia Penal.
Desde esa fecha se han diseñado y emprendido, en colaboración con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil y académicos expertos en la materia, diez acciones focalizadas con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el Sistema de Justicia Penal en México:
1. Mejorar el formato de Informe Policial Homologado.
La policía es el primer contacto del ciudadano con la justicia. Su actuación como primer respondiente queda plasmada en un informe policial donde refleja todo lo que vio y realizó en el lugar de los hechos.
2. Consolidar las Unidades de Atención Temprana y los Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de las procuradurías y fiscalías del país.
3. Establecer el Modelo Homologado Nacional de Policía en funciones de Seguridad Procesal.
Se establecieron reglas de actuación para la Policía Procesal, la cual es la encargada de la custodia y protección del probable responsable y la evidencia, así como, de la seguridad en las salas de audiencia de juicio oral.
4. Implementar un Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.
Para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, se desarrollaron una serie de lineamientos para que las Unidades Estatales de Medidas Cautelares actúen de igual manera en todo el país, a fin de que los jueces cuenten con información veraz y confiable que les permita determinar si una persona imputada de un delito puede seguir el proceso penal en libertad, sujeta a alguna medida cautelar o si, por el contrario, quedará en prisión preventiva.
5. Instrumentar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes mediante las acciones coordinadas del Grupo de Trabajo Interinstitucional.
Dentro de las acciones planteadas, se impulsará la armonización normativa en todo el país. Para tal efecto, se generarán protocolos de actuación y capacitación especializada para policías, peritos y agentes del ministerio público que tengan participación en caso de conflicto de adolescentes con la ley penal.
6. Promover el Modelo de Justicia Terapéutica a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Se identifica que existen una gran cantidad de delitos relacionados con consumo de drogas. Por lo cual se determinó contar e impulsar un modelo que permita a las personas que han cometido ciertos delitos por primera ocasión, someterse a una rehabilitación en lugar de ir a la cárcel.
7. Fortalecer en las entidades federativas la figura de los asesores jurídicos de víctimas.
Una de las ventajas principales del Sistema de Justicia Penal, es la protección integral a la víctima. En este sentido, se ha trabajado coordinadamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para impulsar la figura de los asesores jurídicos, mediante la capacitación y el equipamiento necesarios.
8. Impulsar el Programa de Actualización y Profesionalización en materia del Sistema de Justicia Penal para Policías, Peritos, Agentes del Ministerio Público, Facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.
Cada una de las autoridades que participan en el sistema de justicia penal tiene un rol más participativo y con mayor contacto con la ciudadanía, por tal motivo se impulsará un importante programa de actualización y profesionalización a policías, peritos, agentes del ministerio público, facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.
9. Operar un sistema de bases de datos e indicadores que permita evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en el Sistema de Justicia Penal para detectar brechas y estandarizar la operación.
10. Impulsar un programa de gestión y reorganización institucional que permita dar cumplimiento al cierre del sistema tradicional de justicia y a los acuerdos y acciones de consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Facilitar a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia herramientas para que se utilicen de manera eficiente los recursos materiales y que con el mismo personal que cuentan, generen mejores resultados.
