El inicio del 2024 no pudo ser peor para la ciudad de Querétaro, pues comenzamos el primer día del año con la terrible noticia del homicidio de una mujer con un arma punzocortante y el ataque y lesión a su familia, así como a una cadete de la policía municipal.
El homicida era un individuo en situación de calle, que al parecer estando drogado o teniendo un ataque psicótico atacó a estas personas. La tragedia nos hizo recordar a los queretanos otro ataque en el que una joven de la misma forma fue asesinada por un indigente también en el centro histórico de la ciudad en el mes de julio del año pasado, así como otros hechos de inseguridad que se han dado en tiempos recientes en la misma zona.
La policía de Querétaro es de las mejores si no es que la mejor del país, su reacción fue inmediata para detener al agresor que ya ha sido vinculado a proceso por parte de la Fiscalía del Estado como también ha ocurrido en la mayoría de los casos que más han impactado en nuestra entidad. Ojalá los policías pudieran leer mentes o tener una bola de cristal para saber cuándo y quién cometerá un crimen y así poder evitarlo, como muchos usuarios de redes sociales por sus comentarios parecen creer.
Sin embargo es evidente que estamos viviendo una crisis de seguridad en Querétaro inaceptable para nuestros propios estándares pues aunque no debemos compararnos con la catástrofe de inseguridad que desgraciadamente viven la mayoría de los territorios en México y aunque las condiciones de seguridad en Querétaro no son ni remotamente similares, este aumento de hechos delictivos es preocupante y requiere de atención inmediata con acciones políticas muy serias y eficaces.
Es muy necesario que tanto las autoridades como los ciudadanos comprendamos la dimensión y las razones principales del problema así como la responsabilidad y las competencias legales de las instituciones correspondientes y de los de los titulares de diversas funciones públicas que deben tener injerencia para implementar una estrategia que inhiba en la medida de lo posible que vuelvan a ocurrir sucesos tan lamentables.
La crisis de inseguridad en un alto grado está vinculada a la crisis de salud pública mental y de adicciones que experimenta el país. Los grupos del narcotráfico han inundado de sustancias psicotrópicas a prácticamente todos los países del continente, en México las drogas sintéticas como el cristal o piedra y el fentanilo están fundiendo la cabeza de los jóvenes de los estratos sociales más bajos por su facilidad de acceso, su costo barato y sus fuertes efectos. Durante la pandemia de Covid-19 el consumo de este tipo de drogas aumentó exponencialmente al igual que los trastornos de ansiedad y depresión, al menos entre un 50% y un 70% según estimaciones de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero México le destina menos del 1.5% del presupuesto de salud a la salud mental.
En Querétaro los diputados locales enviaron el año pasado unos “exhortos” a los municipios para que implementaran políticas públicas para atender y prevenir padecimientos de salud mental en sus demarcaciones, en otras palabras, les aventaron la papa caliente. La titular de la secretaría de salud estatal declaró que no era necesario construir un hospital psiquiátrico en Querétaro porque eran muy pocos los que lo necesitaban y que además el tener hospitalizados a los pacientes mentales era algo que ya no funcionaba porque solamente los abandonan ahí sus familiares. El que acaben en la indigencia o en prisión después de haber cometido un crimen tan grave como un homicidio no parece ser una mejor opción.
En Querétaro al igual que en todo el país se requiere modificar y crear legislación para atender a una cantidad de personas en situación de calle que padecen trastornos mentales que se ha vuelto tan creciente como la misma población de la zona metropolitana del estado. Se le tiene que dar facultades a los cuerpos de seguridad para que puedan retirar a las personas en estas condiciones de la vía pública y que no sean “soltados” a las 6 horas nuevamente pues ser indigente con evidentes padecimientos mentales no es un delito. También se tienen que crear las normas y las instituciones con presupuesto suficiente para que se les pueda procurar a estas personas su derecho a una atención médica y psiquiátrica profesional y condiciones de vida digna hasta que se garantice que no constituyen un peligro para ellas mismas y para la sociedad.
Implicará grandes cantidades de recursos pero es algo que ya no es posible postergar, aún cuando la evidente tolerancia que ha mostrado el gobierno de México con el narcotráfico que es su responsabilidad combatir así como los delitos contra la salud y los relacionados con la delincuencia organizada pues siguen en aumento y mientras se continúe dejando operar impunemente a los grandes traficantes de drogas, el lograr disminuir la población que padece trastornos relacionados con la adicción a los estupefacientes será un reto inmenso.
