Entre 2017 y 2021, el número de adolescentes imputados por presuntos delitos en México descendió 37.3%. No obstante, esa tendencia se revirtió de forma abrupta en el periodo 2021-2023, cuando los casos aumentaron 42.2%, de acuerdo con el estudio Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2023, las fiscalías estatales abrieron 32,852 carpetas de investigación contra menores de edad, lo que representa un cambio de dirección en las cifras que durante cuatro años mostraban una reducción progresiva.
El repunte colocó al Estado de México como la segunda entidad con más adolescentes imputados (3,400), solo detrás de Nuevo León, que registró 4,098. Junto con Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua, estas seis entidades concentraron más de la mitad de los casos a nivel nacional.
El informe no precisa las causas del incremento, aunque se consideran los comportamientos cotidianos de los adolescentes pero los datos sugieren un retorno a condiciones que favorecen la exposición de menores a entornos de violencia, desigualdad o falta de atención institucional. La cifra acumulada del trienio muestra que, tras años de descenso, el sistema de justicia juvenil enfrenta ahora un escenario de expansión.
Los delitos más frecuentes atribuidos a adolescentes fueron lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4%), abuso sexual (9%) y narcomenudeo (8.4%). Estas categorías representan conductas de alto impacto social y legal, en las que la reincidencia y la falta de contención preventiva suelen ser factores comunes.
Además del aumento en imputaciones, el informe registró un total de 3,785 adolescentes con sanciones activas al cierre de 2023. De ellos, 33.7% enfrentaba medidas privativas o restrictivas de la libertad, incluidas internaciones. Ese mismo año, 1,508 menores ingresaron a centros de internamiento, de los cuales nueve de cada diez eran hombres.
El documento también advirtió un entorno de consumo de sustancias entre los jóvenes procesados: 88.2% de los hombres y 77.3% de las mujeres reportaron haber consumido alguna vez alcohol, tabaco o marihuana.
El incremento en los casos de adolescentes en conflicto con la ley plantea desafíos para las políticas públicas en materia de prevención, rehabilitación y reintegración. Aunque el informe no atribuye causas específicas, los datos muestran un regreso preocupante a niveles que se creían superados, en un contexto donde la mayoría de los menores procesados son hombres y donde las garantías procesales —como el acceso a representación legal— siguen siendo limitadas.
NotiPress/Carlos Ortíz
