En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que durante el primer semestre de 2025, el 45.2% de las personas mayores de 18 años que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en zonas urbanas fue víctima de algún acto de corrupción.
De acuerdo con el informe, la prevalencia fue mayor entre los hombres, con 49.9%, mientras que en las mujeres se ubicó en 36.8%. Estos actos incluyen solicitudes directas o indirectas de dinero, regalos o favores por parte de policías u otras autoridades para evitar sanciones o agilizar trámites.
En términos generales, entre enero y junio de 2025, el 8.9% de las personas que realizaron trámites o solicitaron servicios ante servidores públicos reportó haber sido víctima de corrupción. Este porcentaje fue de 10.2% en hombres y 7.9% en mujeres, lo que muestra una diferencia significativa por género.
El fenómeno también impacta al sector productivo. En 2023, un total de 169 mil 769 empresas, equivalentes al 3.5% del total nacional, fueron víctimas de corrupción. Las empresas medianas registraron la mayor incidencia, con una prevalencia de 8.4%, mientras que no se observaron diferencias significativas entre los sectores comercio, industria y servicios.
En cuanto al combate institucional, durante 2023 se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presuntas faltas administrativas en la Administración Pública Federal, lo que representó una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas. A nivel estatal, la tasa fue de 34.6 investigaciones por cada mil funcionarios.
Ese mismo año, 2 mil 341 personas servidoras públicas federales fueron sancionadas, equivalente a 14.4 sanciones por cada 10 mil funcionarios. A nivel estatal, las entidades con mayores tasas de sanción fueron el Estado de México y Campeche, mientras que en otras no se registraron sanciones.
INEGI destacó que estos datos permiten dimensionar la magnitud del problema y subrayó la importancia de fortalecer las políticas de prevención, control y sanción para reducir la corrupción en México.
