La crisis de derechos humanos en México ha alcanzado un punto de inflexión internacional. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha tomado la decisión histórica de solicitar que la Asamblea General de la ONU examine urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en el país. Esta medida busca establecer mecanismos de apoyo para prevenir, investigar y erradicar esta problemática que afecta a miles de familias.
Una medida excepcional bajo el Artículo 34
El Comité fundamentó su decisión en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según el organismo, existe información con indicios bien fundados de que estas prácticas han sido y continúan siendo generalizadas en el territorio mexicano.
A pesar de que el Comité reconoció que no existe una política federal deliberada para cometer estos crímenes, señaló que la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico” ha generado condiciones locales que facilitan estos ataques.
Datos alarmantes: Cifras de una crisis humanitaria
La magnitud de la emergencia se refleja en el hallazgo continuo de fosas clandestinas. Se estima que se han localizado más de 4,500 fosas, las cuales contienen:
- Más de 6,200 cuerpos.
- Aproximadamente 4,600 restos humanos.
- Cerca de 72,000 restos humanos sin identificar, lo que evidencia una crisis forense sin precedentes.
El Comité destacó que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es una herramienta valiosa, aún no permite distinguir claramente cuántos de estos casos corresponden estrictamente a desapariciones forzadas.
¿Qué solicita la ONU a México?
La intervención de la Asamblea General no busca solo señalar el problema, sino facilitar cooperación técnica y apoyo financiero. El CED enfatizó la necesidad de:
- Fortalecer la respuesta del Estado: Proteger de manera efectiva a las víctimas y sus familiares.
- Mecanismos de Verdad: Establecer procesos eficaces para esclarecer el paradero de las personas.
- Protección a buscadores: Brindar seguridad a las organizaciones y defensores de derechos humanos que realizan labores de búsqueda en campo.
Juan Pablo Albán-Alencastro, miembro del Comité, afirmó que esta acción es un esfuerzo para evitar que la situación se deteriore aún más y para garantizar que México cumpla con sus obligaciones internacionales.
El camino hacia la rendición de cuentas
Este llamado coloca a México bajo la lupa de la comunidad internacional en un nivel superior. La solicitud al Secretario General de la ONU para remitir el caso a la Asamblea General es un recordatorio de que los crímenes de lesa humanidad y las desapariciones no requieren ser orquestados desde la cúpula del poder para exigir una respuesta global coordinada.
Con esta resolución, el Comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con el Estado mexicano, pero subraya que el tiempo de las medidas paliativas ha terminado; se requiere una acción estructural inmediata.
