La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó una reforma que elimina la obligación de validar boletos para acceder al beneficio de estacionamiento gratuito en plazas comerciales, con el propósito de fortalecer los derechos de los consumidores y simplificar el acceso a este servicio.
La modificación establece que los usuarios podrán hacer efectivas las dos horas de gratuidad previstas en la legislación sin cumplir requisitos operativos adicionales, como la validación del boleto en módulos o establecimientos dentro de los centros comerciales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma no elimina la posibilidad de que los prestadores del servicio cobren tarifas una vez concluido el periodo gratuito, sino que únicamente prohíbe condiciones innecesarias para acceder a un beneficio previamente ofrecido al público.
Los legisladores señalaron que la medida busca armonizar las prácticas de los estacionamientos con estándares mínimos de eficiencia, accesibilidad y protección de los derechos de las personas consumidoras, además de brindar mayor transparencia en las condiciones de uso del servicio.
Durante la discusión, el diputado Enrique Correa explicó que el objetivo es convertir las dos horas gratuitas en un derecho efectivo para los usuarios y no en un beneficio condicionado a procedimientos administrativos.
“Se busca que las dos horas de estacionamiento gratuito en las plazas comerciales se ejerzan como un derecho real, sin condiciones mediante la validación del boleto, garantizando que esta gratuidad sea una realidad para los consumidores”, sostuvo el legislador.
Con esta reforma, los establecimientos podrán continuar cobrando por el uso del estacionamiento una vez concluido el periodo de gratuidad establecido en la ley, pero ya no podrán exigir validaciones u otros mecanismos para que los clientes accedan al beneficio.
La aprobación forma parte de los asuntos desahogados durante la sesión ordinaria del Pleno de la LXI Legislatura, en la que también se discutieron reformas constitucionales y diversos acuerdos en materia electoral, alimentaria y de vivienda.
