El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó en el Congreso del Estado de Querétaro una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social para establecer reglas que impidan vincular los apoyos públicos con partidos políticos o funcionarios.
La propuesta, presentada el 15 de octubre, busca que los programas sociales se entreguen de manera neutral, imparcial y transparente, sin logotipos, colores, frases ni elementos que los relacionen con actores políticos.
Durante el acto, Colosio advirtió que utilizar las necesidades de la población para obtener beneficios electorales desvirtúa el propósito de los programas sociales. La iniciativa contempla mecanismos de regulación para periodos electorales y no electorales, así como posibles sanciones administrativas y penales.
Buscan transparentar padrones y gastos
La diputada local y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Tere Calzada Rovirosa, explicó que la propuesta incluye regular la publicidad de los programas, transparentar los padrones de beneficiarios y publicar las reglas de operación y los gastos correspondientes.
Precisó que la iniciativa no plantea suspender los apoyos durante las vedas electorales, sino permitir que se adelanten cuando corresponda, sin condicionar su entrega ni utilizarlos para promoción partidista.
Por su parte, la diputada federal y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Laura Ballesteros Mancilla, sostuvo que los programas sociales son derechos de la ciudadanía y no patrimonio de partidos, gobiernos o funcionarios.
Señalan antecedente electoral en Querétaro
El diputado local Paul Ospital Carrera recordó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto uso de recursos estatales para promover candidaturas judiciales relacionadas con los llamados “acordeones” de Morena. La acusación fue referida por el legislador durante la presentación de la iniciativa.
La propuesta busca establecer reglas de vigilancia para evitar el uso político-electoral de los recursos públicos destinados a apoyos sociales. Su eventual aplicación dependerá del proceso legislativo correspondiente.
