La entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo futuro o condicionado a un proceso electoral, así como la entrega de beneficios de programas sociales no podrán ser repartidos o distribuidos desde el inicio de las precampañas, determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que la entrega de este tipo de programas en eventos masivos públicos, así como de las tarjetas, se considerarán como presión sobre el electorado
Lo anterior luego de que el INE emitió las reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que ante la ausencia de una norma reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución, la autoridad electoral emite reglas y criterios de interpretación para garantizar la equidad de la contienda electoral y desalentar el uso o condicionamientos de los recursos públicos y de los programas gubernamentales en beneficio o en contra de candidatos, partidos o coaliciones durante los procesos electorales de 2018.
Señaló que las reglas y criterios de interpretación recogen los criterios emitidos por esta institución, las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a la difusión de propaganda gubernamental, la difusión de los informes de labores de servidores públicos y legisladores, así como la participación de funcionarios y la implementación de programas sociales durante los procesos selectivos”.
Los criterios aprobados por unanimidad incluyen las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación de los servidores públicos y la gestión de los programas sociales; además, se establecen, por primera vez, las condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores durante los procesos electorales.
Con estos criterios, dijo el consejero presidente, el INE busca evitar una dispersión interpretativa, dudas o incertidumbres sobre las conductas sancionables entre una entidad y otra, debido a la concurrencia de 30 elecciones locales, la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
Por su parte, el Consejero Ciro Murayama señaló que los lineamientos aprobados buscan desvincular a los programas sociales del ámbito electoral.
El documento aprobado establece que los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta Síndicos, Regidores y Jefes Delegacionales de la Ciudad de México, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad al aplicar recursos públicos a cambio de la promesa o la demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición, a partir del inicio de las precampañas hasta la conclusión de la Jornada Electoral.
