La diputada federal Lorena García Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que la reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita presenta una amenaza directa para la estabilidad y operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en todo el país, y particularmente en Querétaro.
Señaló que la sobre regulación contenida en la reforma impone obligaciones excesivas que muchas pequeñas empresas no están en condiciones de cumplir. Entre las nuevas exigencias se encuentran la implementación de sistemas automatizados de monitoreo, reportes obligatorios de operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas —incluso si estas no se concretan—, auditorías frecuentes y programas anuales de capacitación, sin que exista un acompañamiento técnico o financiero por parte del gobierno.
“Este tipo de medidas, que podrían ser viables para grandes corporativos, resultan difíciles y asfixiantes para miles de pequeños negocios que ya operan con márgenes reducidos”, afirmó.
De acuerdo con datos del INEGI y organismos empresariales, en Querétaro existen más de 97 mil unidades económicas, de las cuales el 99.4 por ciento son mipymes, generadoras de cerca del 60 por ciento del empleo formal en el estado, estas empresas han sido clave en el dinamismo económico de la entidad, y muchas aún enfrentan desafíos derivados de la pandemia y la inflación.
García Alcocer cuestionó que, lejos de facilitar el cumplimiento legal, esta reforma elevará los costos operativos, incrementa la burocracia y expone a las mipymes a sanciones por posibles omisiones involuntarias. Además, advirtió que imponer las mismas reglas a todos los sectores, sin distinguir capacidad operativa, fomenta la desigualdad y podría derivar en el cierre de negocios o su retorno a la informalidad.
La legisladora hizo un llamado al Ejecutivo Federal para no publicar la reforma en los términos aprobados, y planteó la necesidad de construir un marco legal más equilibrado, que contemple esquemas diferenciados por tamaño de empresa, estímulos para la profesionalización y herramientas de apoyo técnico que no comprometan la viabilidad de las mipymes.
“Las pequeñas empresas no son enemigos del Estado ni lavadoras de dinero; son el motor de la economía local y deben ser tratadas como aliadas, no como sospechosas, estamos a favor de combatir la corrupción pero no de que se afecte a otros sectores como las mipymes”, concluyó Lorena García Alcocer.
