Con la evolución de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de combustibles fósiles y crimen organizado, el huachicol y narcotráfico ocupan un lugar clave sobre las decisiones políticas. En un clima de impunidad y consecuencias económicas por el robo de combustible y el comercio con drogas ilegales, el peso judicial y penal de las actividades cobró protagonismo por su escalada.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la sustracción ilegal y contrabando de combustibles fósiles se sancionan con penas de 20 a 30 años cárcel. Esta actividad, llamada de manera informal como huachicol, mantiene a las autoridades en tensión con los actores criminales y bajo escenarios de irregularidades. Uno de los casos más resonantes fue el de los 10 millones de litros desaparecidos el 18 de marzo en un puerto de Tampico.
La publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que otras actividades también son acreedoras a varios años de cárcel en materia de huachicol. Entre ellas se encuentran la compra, resguardo, y adulteración de productos petroquímicos sin autorización oficial.
Según el contexto jurídico del huachicol, la investigación comienza a cargo de elementos de policía y el Ministerio Público una vez que se tiene una hipótesis acusatoria. En un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), voceros de derecho señalaron que las detenciones en flagrancia son características de este crimen.
Para el análisis de peritaje se requiere la participación académica-científica, especialmente por parte de ingenieros químicos habilitados por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, Crisis Group señaló un vínculo entre el crimen organizado y el huachicol, especialmente de narcotráfico, donde los grupos delictivos y autoridades cometen actos de intimidación para los testigos en casos llevados a nivel jurídico.
Si bien el contrabando de combustibles en México es un delito federal al igual que el narcotráfico según el artículo 194 del Código Penal Federal, el comercio de drogas ilegales se encuentra ante mayor complejidad judicial. Al considerar una amplia gama de sustancias y efectos sobre la salud, los conceptos jurídicos separan el comercio de la posesión. Entre estos casos, el canabis se encuentra entre las drogas con impacto político por las iniciativas de legalización y la criminalización de los consumidores, misma que puede variar entre 2 y 8 años de prisión.
Mientras la portación de drogas ilegales exceda los parámetros permitidos por las autoridades, entrará el vigor el artículo 475, que establece penas de 4 a 8 años de prisión. Asimismo, estas penas por narcotráfico pueden incrementar 50% cuando se trate de servidores públicos involucrados en casos de drogas, comercio en centros educativos, y cometido por profesionales de la salud, informó Justia.
La influencia de Estados Unidos dentro del marco jurídico del narcotráfico está relacionada con el incremento de la mano dura y la política carcelaria. A pesar de las reformas emprendidas desde 2008 para eliminar la presunción de culpabilidad, el país enfrenta un panorama de impunidad y vigilancia por parte de las autoridades. Ante el panorama político de relaciones bilaterales, el peso judicial del huachicol y el narcotráfico puede contar con la participación de testigos protegidos. En la edición 25 de la Revista Penal México, especialistas señalaron que los testigos son una pieza clave de carácter probatorio para concretar los casos flagrantes por actividades de crimen organizado. Respecto al huachicol, los testigos protegidos pueden desempeñar un papel político para exhibir las irregularidades y complejidades del procesos judicial del comercio ilegal de combustibles en el país.
NotiPress/Ali Figueroa
