De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado anualmente por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se ubicó como el país más corrupto de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el lugar 123 de la tabla general, integrada por 176 economías.
México cayó 28 posiciones con una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Transparencia Mexicana, en su portal web, consideró que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Puntualizó que los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país.
Por ello emitió una serie de recomendaciones como:
- Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
- Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular.
- El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
- Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
- En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales.
- En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Para conocer los resultados completos, visita www.tm.org.mx/ipc2016 o pulsa aquí
Fuente: Transparencia Mexicana
