El reciente episodio del agua en Querétaro volvió a mostrar dos formas distintas de entender la política. El desfogue de la presa Zimapán, ordenado por la Conagua, obligó a suspender temporalmente la operación del Acueducto II y dejó a cientos de colonias con un servicio irregular. Frente a esta contingencia, el gobierno estatal y los municipios metropolitanos reaccionaron con medidas preventivas, campañas de información y coordinación institucional.
En Tequisquiapan, por ejemplo, se realizaron evacuaciones anticipadas con apoyo de Protección Civil y de la Sedena, lo que evitó mayores riesgos a la población. En Corregidora, el alcalde Josué “Chepe” Guerrero decidió cancelar su evento masivo de informe de gobierno para destinar recursos a las familias afectadas y puso a su gabinete a recorrer las calles. Estas decisiones reflejan una estrategia de cercanía y de atención directa a la ciudadanía.
En contraste, la respuesta de la oposición morenista se centró en la crítica política. El diputado federal Gilberto Herrera pone el pie y se lo quiebra, acusó al gobierno estatal de aprovechar la crisis para “hacer negocio con pipas”, señalamiento que carece de sustento y que fue más un intento de responsabilizar al gobernador que de aportar soluciones. Esta reacción evidencia una estrategia de confrontación más orientada al desgaste que a la cooperación institucional.
El episodio también abre una lectura electoral. En el PAN, aunque hay varios aspirantes rumbo a 2027, el énfasis ha estado en mantener unidad y dar continuidad a políticas de seguridad, desarrollo económico y servicios. En Morena, en cambio, las discusiones giran alrededor de encuestas internas que colocan a Santiago Nieto como puntero, sin que hasta ahora se haya observado en él un ejercicio de gestión pública en el estado.
El contraste, es entre gobiernos que buscan construir desde la coordinación y la previsión, y actores que privilegian la crítica sin propuestas claras. Querétaro sigue destacando en el país por su estabilidad, seguridad y crecimiento económico, pero los retos en materia de agua, movilidad y desarrollo urbano requieren diálogo responsable y soluciones de largo plazo.
La ciudadanía tendrá la última palabra en 2027, al elegir entre dos modelos: uno que apuesta por la gestión y la continuidad, y otro que parece atrapado en la lógica de la oposición sistemática.
