Antonio Rangel, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura de Querétaro, informó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General, de todas las denuncias de desaparición de personas en la entidad, al menos el 75 por ciento es por problemas intrafamiliares.
El legislador consideró que por el momento no es necesario legislar en la materia: “Lo quiero decir con todo el cuidado, no es un asunto que tenga una, la estadística que se tiene, es que del 100 por ciento (…) es que hay un alto porcentaje de denuncias por desaparición que resultan en situaciones meramente de conflictos intrafamiliares.
Agregó que es preocupante el número de casos de personas desaparecidas por otras situaciones, sin embargo, confía en que la Fiscalía realiza un buen trabajo para la localización.
Respecto al caso de la familia queretana, originaria del municipio de Colón, desaparecida la semana pasada, en el estado de Veracruz, dijo que la Fiscalía estará generando los protocolos necesarios, como hoy en día los está realizando, para ordenar sus búsquedas y regresarlos a sus hogares.
Recalcó que no es un tema de modificación de ley, sino que es un tema de eficacia en el sentido de la denuncia y de la investigación, ya que muchos de los temas ya están contemplados en la ley y hay que ejecutarlos.
Retomando el tema de los desaparecidos por algún conflicto intrafamiliar, dijo que muchos de ellos salen de su casa, se van con otras personas como con amigos o con algunas personas con quienes sostienen relaciones sentimentales; destacando que esta problemática se debe atacar desde la prevención y la cercanía de los padres con los hijos.
Cabe recordar que en recientes fechas, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava Alvarado; presentó una iniciativa para modificar el nombre de la “Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro”, luego de considerar que genera confusión, pues esta legislación es para la desaparición forzada y, entre particulares.
Esta iniciativa de ley es un ordenamiento que tipifica como un delito grave la desaparición de personas a manos de particulares y a manos de servidores públicos.
