Con el propósito de obligar a las autoridades a prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer así lo solicite, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso reformar el artículo 4º de la Constitución.
Se trata de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y su derecho a la salud, así como a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida, explicó en la sesión de la Comisión Permanente.
En la propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se detalla que la interrupción del embarazo es un asunto de salud pública que se ha establecido en diversos instrumento internacionales, y que ha generado el consenso de organismos internacionales para darle un enfoque en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En México, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Víctimas (CEAV), se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales, nueve de cada diez víctimas son mujeres y cuatro de cada diez de ellas tienen menos de 15 años de edad.
Según la CEAV, el lugar donde se producen la mitad de los delitos sexuales, son en los hogares, y 60 por ciento de las veces, sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas.
Aunado a esto, señala que cada día, en el país se realizan más de mil 640 denuncias de delitos de violencia sexual, lo que representa solamente 10 por ciento de que en realidad sucede.