Antonio Zapata Guerrero, entregó a los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, de la LVIII Legislatura, una propuesta de iniciativa para la regulación de la actualización de las tarifas del transporte público en Querétaro.
Esta propuesta buscaría reformar los artículos 163 y 164 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
La propuesta del artículo 163 refiere que los concesionarios podrán solicitar al Instituto Queretano del Transporte la revisión de la tarifa cuando se haya rebasado el nivel de inflación requerido para el efecto, presentando un estudio técnico actualizado que incluya los aspectos señalados en el artículo que antecede.
En el artículo 164 se propone que las tarifas se revisarán en forma periódica cuando el nivel de inflación rebase el 10 por ciento y, en los términos de lo que determine el reglamento respectivo, con excepción de las tarifas del sistema de rutas integradas, que se regirán por su modelo financiero.
Por lo anterior, si del estudio técnico resulta necesaria una tarifa con cifra fraccionaria, el Instituto podrá ajustarla a la cifra inmediata, de acuerdo a la moneda fraccionaria disponible de uso corriente, cuando el pago sea en efectivo. Además, si en el lapso de dos años, contados a partir de la última revisión de la tarifa vigente, no se ha actualizado el supuesto del nivel de inflación requerido, se llevará a cabo la revisión de tarifa correspondiente.
En dicha iniciativa se señala en el artículo Tercero Transitorio, que la siguiente revisión de tarifa se llevará a cabo en el mes de agosto del año 2017, y será referenciada a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 164 de la presente ley.
En su momento, y luego de escuchar las opiniones de los representantes de los transportistas, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, reiteró la disposición de los integrantes de la misma, de hacer sobre esta iniciativa, a fin de que sea trabajada de manera conjunta con el sector, a quienes también les entregó la iniciativa, con la finalidad de que hagan llegar sus consideraciones, y que en un plazo no mayor de 15 días, estén en posibilidad de dictaminarla.
