La Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Querétaro, considera necesaria y urgente una reforma al Código Urbano del Estado de Querétaro que permita mejorar los procesos de entrega – recepción de fraccionamientos y en consecuencia existan garantías para los ciudadanos de que recibirán los servicios básicos.
El presidente de la Asociación en la entidad, Pedro Roberto Reyes, precisó que el sector sostiene que se requiere una reforma que brinde certeza a los desarrolladores que invierten para llevar a cabo los desarrollos habitacionales, pero que establezca sanciones importantes (pecuinarias y hasta suspensiones provisionales o definitivas) ante el incumplimiento de sus obligaciones.
También, dijo que esa reforma al Código debe establecer procedimientos claros y expeditos para que el municipio pueda hacer efectivas las garantías ante el incumplimiento de los desarrolladores y que obligue al municipio a prestar los servicios públicos a los habitantes de un fraccionamiento, aunque éste no le haya sido entregado; así como a ejecutar las obras omitidas por el desarrollador, con cargo a las garantías o sanciones económicas respectivas y sancione a los funcionarios públicos municipales que no cumplan con lo anterior.
Se necesita, añadió, una reforma que regule la intervención de las Asociaciones de Colonos para garantizar la protección de los derechos de los habitantes de los fraccionamientos.
“Ojalá la Legislatura Querétaro sea sensible a la problemática existente y convoque a mesas de trabajo en las que intervengan y se vean representados los habitantes de los fraccionamientos, los desarrolladores y los municipios a efecto de determinar la mejor manera de reformar el Código Urbano para corregir la situación de la irregularidad en los fraccionamientos que impera en nuestro Estado”, precisó.
Lamentó que en la gran mayoría de los fraccionamientos no se cumplen con los procedimientos regulados por el Código Urbano, lo cual no permite que se culmine con la entrega-recepción de los mismos al municipio.
Recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, en la capital de 383 fraccionamientos que se tienen registrados, sólo 123 han sido entregados de manera regular a la administración y no así los 260 restantes, lo que representa que el 67.88 por ciento de los fraccionamientos se encuentren en una situación irregular.
Esto, explicó el presidente de AMPI en el estado, genera una gran problemática para los habitantes de los fraccionamientos, ya que, en la mayoría de los casos, los desarrolladores no prestan los servicios en el fraccionamiento, como están obligados a hacerlo mientras no les haya recibido el municipio el fraccionamiento y, por otro lado, el municipio tampoco presta dichos servicios por no haber recibido formalmente el fraccionamiento.
Reyes Martínez mencionó que algunos desarrolladores denuncian que los procedimientos para constituir un fraccionamiento, obtener las factibilidades respectivas (los trámites ante la Comisión Estatal de Aguas Querétaro) y llevar a cabo la entrega y recepción de los fraccionamientos, son trámites lentos, burocráticos y casi imposibles de llevar a cabo e impiden ejecutar las obras de los fraccionamientos en tiempo y forma para poder entregarlos a los municipios.
“E incluso han llegado a señalar que pareciera que los municipios se niegan a recibir los fraccionamientos para no tener que asumir la carga financiera de prestar los servicios públicos a los habitantes, motivo por el cual establecen pretextos y condiciones a veces absurdas o imposibles de cumplir para poder entregar el fraccionamiento a su satisfacción”, dijo.
Por otro lado, señaló que las autoridades municipales advierten que gran número de desarrolladores incumplen con las obras e instalaciones y que existe un gran número de ellos que incluso abandonan los fraccionamientos sin haber terminado.
