En Sesión Solemne de la LVIII Legislatura, la Dra. Ma. Consuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, entregó a la diputada Leticia Rubio Montes, presidenta de la Mesa Directiva, el Informe General que guarda la Administración de Justicia en el Estado.
En su mensaje y a nombre de los demás Magistrados (Celia Maya García, Eduardo Sarabia Sánchez, Carlos Roberto Fernández Moreno, José Antonio Ortega Cerbón, Marisela Sandoval López, Armando Licona Verduzco, Alfonso Jiménez Campos, Mariela Ponce Villa, Cecilia Pérez Zepeda, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Juan Ricardo Ramírez Luna, Greco Rosas Méndez), Rosillo Garfias señaló que más allá de los datos y cifras contenidos en el informe, “resulta innegable que estamos en pleno proceso de transformación de la realidad jurisdiccional de la entidad. Este acto, simboliza también la consecución de nuevas e importantes metas”.
Afirmó que este documento condensa el arduo trabajo que durante el año realizó la Judicatura, en un informe que consta de 115 páginas, divididas en apartados, en los que se detallan el número de actividades, diligencias, audiencias, acuerdos, expedientes, tocas y resoluciones, emitidas tanto en primera como en segunda instancia. Así, como de las sesiones y acuerdos tomados por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Además, de las acciones de mantenimiento, adquisición de mobiliario y equipo, rehabilitación y construcción de inmuebles; del presupuesto autorizado y ejercido; del fondo auxiliar; de las licitaciones y adjudicaciones celebradas; de las estadísticas y sistemas de gestión judicial desplegados; así, como de las conferencias, talleres, cursos y diplomados organizados.
“Este instrumento que entregamos a ustedes el día de hoy, es el concentrado de las labores que desempeñan 1,326 personas que integran el Poder Judicial del Estado y, es la situación que guarda la impartición de justicia”, agregó.
Consuelo Rosillo expresó que la falta de recursos económicos ha sido sin lugar a dudas, un obstáculo en el crecimiento del TSJ de la entidad, lo que definitivamente pone en riesgo la operatividad y el óptimo desempeño de la misma.
Por lo que hizo un llamado a la Legislatura estatal, a fin de que se considere al Poder Judicial para contar con una infraestructura física y mobiliaria suficientes para enfrentar los retos que hoy la sociedad demanda.
“Sí, aspiramos -como de hecho lo hacemos- a alcanzar la excelencia judicial, es impensable no asumir una actitud triunfalista y de conformismo. Menos aún cuando tenemos por delante una serie de desafíos que son necesarios sortear y que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
- La oralidad familiar, civil y la mercantil, así, como la inminente reforma laboral, han sido programadas para iniciar ya.
- Es fundamental que podamos consolidar la construcción o compra de un edificio en el municipio de San Juan del Río, y garantizar un acceso a la justicia en todas las regiones de la entidad en forma digna y adecuada. Pues la justicia inaccesible, es justicia denegada.
- La buena marcha de los procesos judiciales precisa en buena medida de un sistema de monitoreo y generación de indicadores, que le permita hacer más eficiente su operación como lo exige CONAMER; su capacidad de respuesta y su flexibilidad para corregir errores, ello, requiere de tecnologías.
- Fortalecer las áreas administrativas con personal calificado y especializado, para realización adecuada de la labor jurisdiccional, es un compromiso que desde la presidencia debe asumirse con responsabilidad.
- Resulta inaplazable el planteamiento de más juzgados mercantiles, familiares y unidades para el nuevo sistema de justicia penal, ello, requiere necesariamente de capital humano y espacios físicos.
Agregó que todos estos desafíos parten de una necesidad común: “suficiencia presupuestaria”, por tanto, dijo que si bien éste Poder Judicial ha sido sometido a una disciplina económica, esto no resulta ser indisciplina, sino necesidad imperiosa para seguir manteniendo la paz social del Estado, pues sin la capacidad económica necesaria, este histórico proceso de transformación corre el peligro de quedar incompleto.
