La diputada Rocío Nahle García presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para prohibir a los patrones o a sus representantes solicitar a los trabajadores constancias de antecedentes penales.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora consideró que este requisito es un “práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos”, que constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo primero de la Constitución.
Además, dijo, contradice el principio de reinserción social que busca el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la presunción de inocencia, “porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas”.
Los antecedentes penales, acotó, se han convertido en un estigma institucionalizado y, quienes se encuentran en este supuesto, llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que disminuye los derechos y afecta la dignidad.
La iniciativa, que adiciona la fracción XVI al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se envió a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
