La propuesta impulsada por el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, para que menores de edad involucrados en delitos graves puedan ser juzgados como adultos enfrenta importantes barreras legales y constitucionales, advirtió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
Durante una declaración pública, la integrante del máximo tribunal del país explicó que cualquier modificación en este sentido requeriría cambios a nivel constitucional, debido a que México está sujeto a compromisos internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Tiene que ser una reforma constitucional, suena difícil porque este es sobre un tema muy fuerte en el que además existe una convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes que cumple nuestro país que justamente delimita en estas edades la responsabilidad penal”, señaló Batres.
Tratados internacionales limitan cambios
La ministra detalló que los estándares internacionales suscritos por México establecen criterios específicos sobre la responsabilidad penal de menores de edad, mismos que están respaldados por la Constitución mexicana.
Por ello, consideró que una iniciativa para modificar el tratamiento jurídico de adolescentes que cometen delitos graves enfrentaría un proceso complejo, tanto en el ámbito legislativo como en el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.
No obstante, reconoció que la propuesta surge de una preocupación relacionada con la evolución de ciertos fenómenos delictivos y de la intención de adaptar el marco legal a las circunstancias actuales.
“Se busca que las leyes respondan a la realidad que vive el país, pero es una propuesta complicada de concretar”, indicó.
El antecedente de la llamada Ley Chepe
La iniciativa, conocida públicamente como “Ley Chepe”, fue planteada por el presidente municipal de Corregidora tras un ataque armado ocurrido en un establecimiento clandestino del municipio.
El caso cobró relevancia porque uno de los presuntos responsables es menor de edad, situación que reavivó el debate sobre las sanciones aplicables a adolescentes involucrados en delitos de alto impacto.
La propuesta ha generado opiniones divididas entre especialistas, autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos, al confrontar la demanda de mayores sanciones para delitos graves con el marco jurídico nacional e internacional que protege a la infancia y adolescencia.
