El gobierno crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

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El gobierno crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
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Quedó oficializada la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, luego de que el Gobierno de México publicara el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. La medida fue oficializada el 4 de agosto de 2025 en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). En la misma, establecieron que el grupo funcionará hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo disposición contraria de la presidencia.

Según el decreto, uno de sus propósitos principales será “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema”. La comisión contará con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 5 de agosto, para conformar oficialmente su estructura operativa.

La presidencia ejecutiva estará a cargo de Pablo Gómez Álvarez, designado directamente por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo. El decreto también confirma la participación de hasta siete funcionarios provenientes de diferentes dependencias y coordinaciones de la Oficina de la Presidencia.

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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, formará parte del grupo de trabajo que integrará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. También estarán José Antonio Peña Merino, encargado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; y Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

También participarán Lázaro Cárdenas Batel, desde la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador de asesores del presidente; y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno. Todos ellos formarán parte activa del desarrollo de las propuestas, estudios y consultas públicas que la comisión deberá realizar.

Además, el decreto señala que la comisión podrá “invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, así como de organismos autónomos, academia y sociedad civil”. Estos participantes contarán únicamente con derecho a voz en las sesiones.

La vigencia del organismo se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2030, aunque podría ser disuelto anticipadamente por instrucción presidencial. El alcance y naturaleza de los temas a tratar generaron diversas reacciones dentro del propio movimiento político del Ejecutivo federal.

Entre las primeras respuestas se incluyen las declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena en San Lázaro, y de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, quienes criticaron aspectos del proyecto, especialmente en torno a la eventual eliminación de figuras como los legisladores plurinominales.

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