La diputada federal María Alemán Muñoz Castillo presentó una iniciativa, de la cual acompaña a la creación de una Ley general de Participación Ciudadana, con el objeto de establecer y regular mecanismos de democracia participativa y proponer a consideración las figuras de presupuesto participativo y la revocación de mandato.
“Si bien es cierto que dos de estos mecanismos, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, ya se encuentran consideradas en nuestra Ley Fundamental; debemos reconocer que no han sido suficientes para construir una alianza estratégica y tan necesaria entre sociedad y gobierno”, detalló la legisladora queretana.
María Alemán subrayó que se planteó desde el principio integrar y fortalecer en un solo ordenamiento jurídico los instrumentos existentes, al mismo tiempo que propone la consideración de otros dos; el presupuesto participativo y la revocación de mandato.
“El presupuesto participativo les permitirá a los mexicanos involucrarse en las decisiones presupuestales de obra y servicios de infraestructura, esa es la intención. Mientras la revocación de mandato, les permitirá destituir al Presidente de la República si no tuviera buen desempeño”, dijo la diputada.
De igual manera mencionó que debe de ser de suma importancia el cuidar la mecánica de implementación para que no se tergiverse y de esta manera sirva como herramienta para publicitarse para el presidente en turno, es decir, en un esquema que le permita hacer campaña política al Ejecutivo Federal a la mitad de su mandato, lo que a todas luces resultaría inequitativo para futuros competidores presidenciales.
María Alemán utilizó el ejemplo de Querétaro, entidad federativa que ya incluyó a su marco jurídico la figura de ‘Participación Ciudadana’, lo cual permitió crear y fortalecer los canales institucionales entre sociedad y gobierno, y así involucrar a la sociedad en decisiones públicas.
Resaltó que la esencia de la política es que realmente los ciudadanos se involucren para que así los gobernantes conozcan los pasos que hay que seguir, generando confianza y credibilidad en las instituciones públicas por medio de una norma que permita esta comunión entre sociedad y gobierno.
“Es tiempo de que esta declaración se convierta en acción y garanticemos a las y los mexicanos cada vez más y mejores mecanismos para su participación en los asuntos públicos”, finalizó.
