Algunos millones de mexicanos experimentamos una momentánea parálisis al escuchar esta mañana al presidente decir: “Nosotros no somos corruptos, si hay un acto de corrupción en el gobierno se castiga a quien sea”, “Con una mano enfrentamos al Coronavirus y con la otra a la corrupción”.
Somos muchos los que no logramos acostumbrarnos al aplomo con el que el presidente pronuncia “afirmaciones no verdaderas”, como se ha convenido denominar en los tiempos de exacerbada correctitis que vivimos, a lo que en buen castellano solíamos llamar mentiras.
Bien podrían los hechos entretejerse en una masa y cobrar vida formando un gigantesco alud que sepultara con pruebas el propio Palacio Nacional, que veríamos a un victorioso López Obrador abrirse paso de entre su espesura para regañarnos por haberlo visto con nuestros propios ojos y asegurar que sólo fue visible para aquellos que, organizados sin conocernos, formamos parte de una campaña de desprestigio en su contra.
Corrijo, no podrían. Pueden.
Esta masa de hechos está formada, hasta hoy, por investigaciones periodísticas que culpan a Ana Gabriela Guevara y Yeidckol Polevnsky por malos manejos financieros en las instituciones que dirigen, robo de millones, en resumen. Una denuncia por intento de homicidio, por si fuera poco, para la ex atleta.
La asignación directa de contratos también millonarios es más popular entre los dirigentes de Morena, como es el caso de Carlos Lomelí, por 128.6 MDP. Manuel Bartlett junior, por 278 MDP. Zoé Robledo, por dar contratos a su familia, quienes cuentan con 23 empresas.
Pero es el ramo inmobiliario quizá el más emblemático de la llamada cuarta transformación, por ser el que más se contrapone a los principios enarbolados por la misma: la igualdad, la honestidad y la austeridad republicana.
La lista de los inmuebles incómodos crece como la espuma, a saber: el penthouse de Olga Sánchez Cordero en Houston, Tx; los 23 hogares de Manuel Bartlett (senior), la quinta que perteneció a Miguel de La Madrid, ahora propiedad de Barbosa, son algunos de los más conocidos. Es la reciente llegada de Irma Eréndira Sandoval y su esposo, John Ackerman, a esta bochornosa lista lo que ha avivado el fuego en la opinión pública por dos razones, la Dra. Sandoval es la flamante titular de la SFP, el organismo encargado justamente de investigar y sancionar actos de corrupción como el enriquecimiento inexplicable que protagoniza y, Ackerman, uno de los más radicales activistas en contra de la desigualdad en México, quien ha propuesto, incluso, la equitativa repartición del PIB. Resulta curioso verlos hoy defendiendo apasionadamente el hasta hace poco maloliente concepto de propiedad privada.
Pero nada de esto le mueve un cabello de su sitio a nuestro mandatario, quien sigue conminándonos a no ingerir extravagancias, que nos bastan arroz y frijoles, un par de zapatos, un automóvil modesto. No parece notar el grosero contraste de su discurso con la vida opulenta, las extravagantes cenas, los viajes en jets privados, los colegios caros y los inexplicables capitales iniciales de sus propios hijos, públicamente patentes en sus redes sociales.
Esa es la flexibilísima y distraída mano con la que enfrenta la corrupción, hablar de la otra mano, con la que combate el Coronavirus, requiere un capítulo aparte.
La pregunta que queda en el aire es, ¿Cómo puede, quien no ofrece respuestas de todo esto y, por el contrario, sigue proclamando que lucha contra la corrupción, pretenderse guardián de las próximas elecciones?
Pretensión que no solo viola los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución, sino que desnuda sus intenciones de ser juez y parte, de apropiarse del balón antes del partido.
Y todos sabemos lo que nuestro presidente es capaz de hacer cuando pierde. Nadie nos lo cuenta. Lo hemos visto perder, aún ganando.
