La LXI Legislatura de Querétaro aprobó un paquete de reformas en materia penal, seguridad y justicia que incluye la creación de una Unidad Especializada en Extorsión, nuevas sanciones contra la cobranza extrajudicial violenta y el endurecimiento de penas por homicidio y lesiones viales.
Uno de los ejes centrales es la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para crear una Unidad Especializada en Materia de Extorsión, adscrita a la Dirección de Acusación, que investigará y perseguirá este delito conforme a la legislación general, además de coordinarse con instituciones de seguridad y procuración de justicia. En paralelo, se aprobó la derogación del delito de extorsión del Código Penal local, a fin de armonizar la legislación estatal con el marco federal, bajo el argumento de que este ilícito opera mediante redes interestatales e internacionales.
También se incorporó el delito de cobranza extrajudicial ilegal, que sanciona con 2 a 6 años de prisión y multas a quien utilice violencia o intimidación para exigir pagos, incluidos esquemas conocidos como “gota a gota”. Las penas aumentarán si participa un grupo delictivo o la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en condición de vulnerabilidad.
En materia de movilidad, el Congreso avaló reformas para castigar con mayor severidad el homicidio y las lesiones viales. La ley establece que cuando una persona conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas y, en esas condiciones, cause la muerte de alguien, podrá enfrentar penas de 5 a 12 años de prisión, además de 200 a 500 horas de trabajo comunitario y multas de 100 a 400 días. El objetivo es reconocer que estas conductas no son hechos fortuitos, sino acciones previsibles que elevan de forma significativa el riesgo de siniestros fatales.
En el ámbito educativo, se tipificó como delito la oferta de servicios académicos sin validez oficial cuando se trate de estudios que requieran título y cédula profesional. Las personas propietarias o administradoras que no cuenten con autorización o reconocimiento oficial y omitan advertirlo en su documentación o publicidad podrán recibir penas de 3 meses a 4 años de prisión, además de multas. La medida busca proteger a estudiantes y familias de fraudes que afectan su patrimonio y trayectoria profesional.
Otra reforma relevante establece restricciones en materia de patria potestad y custodia para personas condenadas por feminicidio o delitos sexuales. Las modificaciones al Código Civil y al Código Penal consideran que quienes hayan cometido este tipo de delitos representan un riesgo para niñas, niños y adolescentes, por lo que no podrán tenerlos bajo su cuidado ni ser considerados aptos para ejercer la patria potestad. El criterio se sustenta en el principio del interés superior de la niñez y en la prevención de nuevas violencias.
Entre otros cambios aprobados destacan:
- El reconocimiento de “Sinergia por Querétaro” como instancia del Sistema Estatal de Seguridad para fortalecer la coordinación contra delitos de alto impacto.
- La extinción del organismo turístico Prodabitur, cuyas funciones fueron asumidas por Fiprotur.
- Exhortos para otorgar permisos de estacionamiento a personas con discapacidad intelectual y para que municipios prioricen plantas nativas en programas de reforestación.
