El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, respondió a los señalamientos de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada “Ley Chepe”, luego de que se advirtiera que la propuesta podría enfrentar obstáculos legales por presuntas contradicciones con tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Durante su posicionamiento, el edil afirmó que ha revisado las declaraciones de la ministra, aunque expresó su desacuerdo con la conformación actual del máximo tribunal y el perfil de algunos de sus integrantes, al considerar que esto influye en el análisis de las iniciativas legislativas.
Chepe Guerrero sostuvo que su principal postura es que la iniciativa sea analizada y, en su caso, aprobada en el ámbito local, donde considera que puede atender de manera directa las necesidades de seguridad que motivaron su creación.
Asimismo, señaló que ha comenzado a dialogar con diputados federales de su partido para impulsar una propuesta a nivel nacional que permita abordar los temas de constitucionalidad y la aplicación de tratados internacionales en este tipo de medidas.
Debate sobre tratados internacionales y seguridad
El alcalde hizo referencia a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que en años anteriores se ha establecido que la prisión preventiva oficiosa no debería aplicarse en México. Sin embargo, apuntó que reformas posteriores han fortalecido su implementación.
En ese sentido, cuestionó lo que calificó como inconsistencias en el uso de los tratados internacionales, al señalar que en algunos casos se invocan y en otros se omiten según conveniencia política o jurídica.
Finalmente, Chepe Guerrero afirmó que su preocupación principal no radica únicamente en el debate jurídico, sino en la situación de seguridad en el país, la cual —dijo— enfrenta problemas cotidianos sin respuestas suficientes en materia de prevención y combate al delito.
El edil sostuvo que el gobierno federal no ha logrado implementar acciones contundentes para atender la problemática, lo que refuerza, desde su perspectiva, la necesidad de nuevas herramientas legales para los estados.
Con ello, el tema de la “Ley Chepe” continúa generando debate entre autoridades locales y federales, especialmente en torno a su viabilidad constitucional y su impacto en la estrategia de seguridad.
