PANAMÁ.-El fiscal especial de la Procuraduría Panameña, Marcos Mosquera de la Guardia, ha quedado en la mira pública tras recurrir a engaños durante las audiencias, debido a que sus casos no tienen sustento legal, por lo que intenta confundir al juez con equívocos argumentos, como ha quedado demostrado en el expediente abierto a un empresario mexicano, donde el mismo funcionario reconoce que se trata de un inadmisible error procesal, al haberse levantado una Averiguación Previa contra la víctima, por un proceso administrativo y no por una causa penal.
En la más reciente audiencia llevada a cabo el lunes pasado, Mosquera de la Guardia nuevamente quedó evidenciado, cuando no pudo fundamentar legalmente ante los tribunales las acusaciones contra el inversionista, quien sí presentó directamente al Gobierno de Panamá, un paquete de pruebas avaladas por varias dependencias del Gobierno Mexicano, como la Fiscalía General de la República, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Normatividad, Instituto Nacional Electoral y de la misma Interpol, que acreditan que no es investigado, no presenta ningún cargo, imputación o señalamiento, lo que lo legitima como un empresario honesto.
En un momento difícil por el que atraviesa el país y el mundo entero, por la pandemia del Covid-19, agravado por la insensibilidad del Gobierno panameño, el inversionista que se dedica al desarrollo de software declara: “Isis Soto y Marcos Mosquera, tienenque estar enfrente de un tribunal transparente en Panamá o en un juzgado internacional explicando por qué tienen dinero,cuentas, coches y bienes incautados durante ocho meses, sin haber sido imputado, sin ninguna prueba, sin ningún cargo comprobado y alguien tiene que ser responsable por este fraude”.
Tema administrativo, es cosa juzgada
Al sentirse acorralado ante el juez, a Mosquera de la Guardia no le quedó más que objetar que el supuesto delito del cual se enjuicia al empresario mexicano, se basa en un tema administrativo en México, donde se encuentra archivado desde el 2017, mucho antes de que llegara a establecer sus inversiones a Panamá, pero la Procuraduría lo usa inexplicablemente en su contra.
El cuerpo legal de abogados, liderados por James Gay, han declarado que, ante la desesperada acción de la Fiscalía, buscarán que el fiscal Mosquera de la Guardia y su jefe Isis Soto, rindan cuentas ante un tribunal internacional y expliquen la falta de pruebas, así como el por qué las cuentas bancarias llevan ocho meses congeladas, al que se han sumado autos y propiedades.
Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Eduardo Ulloa Miranda, no ha presentado ninguna prueba o imputación, a pesar de que el Gobierno mexicano ya ha reconocido que el empresario no tiene abierta ninguna investigación y se encuentra sin cargos. “Mi cliente no tiene ningún proceso, no tiene ningún cargo comprobado, y esto es sencillamente porque en el negocio del internet, es el caso de las grandes compañías como Tinder, entre otras muchas, es imposible que se pueda dar el lavado de dinero, ya que en el comercio en línea no se maneja efectivo, todos los clientes pagan mediante transferencias electrónicas y por lo tanto todo es fiscalizable y no hay manera de comprobar el supuesto delito”, enfatiza el abogado James Gay, defensor del inversionista.
Cabe recordar que cuando Kenia Porcell era la mandamás en la Procuraduría Panameña, en contubernio con Marcos Mosquera, su brazo ejecutor, fabricaron expedientes falsos sin ningún fundamento jurídico a varios empresarios extranjeros, formando una mancuerna de complicidad y cadena de corrupción al interior de la Procuraduría, por medio de fiscales del Ministerio Público que se encargan de manipular los expedientes a su antojo.
Acusaciones de fiscales no proceden
Ante las constantes inconsistencias de fiscales y ex fiscales, la Procuraduría General de la Nación se encuentra en apuros, debido a que sus fiscales actuaron bajo órdenes arbitrarias sin fundamentos, cuando la ley es muy clara en sus términos, que no deben pasar más de 48 horas antes de implementar medidas cautelares.
Los errores y anomalías originados desde el seno del mismo órgano de impartición de justicia, ha ocasionado graves afectaciones económicas al inversionista, luego de las aprensiones llevadas a cabo en una primera embestida en octubre del 2019 con el congelamiento de cuentas bancarias y una segunda ofensiva en marzo pasado al incautarle varios vehículos, algunos de ellos adquiridos en Europa en el año 2015.
El equipo legal del empresario, ha empezado a trabajar, basados en el Código Penal de Panamá, en las ilegalidades y abuso de poder en que han incurrido estos altos funcionarios, para demostrar que todo este show se trata de una inconstitucionalidad y que a todas luces demuestra que el caso no puede proceder, aunque intereses oscuros al interior de la dependencia se empeñan en retrasar la impartición de justicia que a la fecha ya debería ser cosa juzgada.
Marcos Mosquera e Isis Soto, son acusados de extralimitarse en sus funciones y violar en todo momento el debido proceso, ilegalidad que han probado los abogados defensores, así como la inconstitucionalidad de su proceder. Sin embargo, por el manejo que se le ha dado al caso, pareciera que se tratase de un asunto político, que tarde o temprano le cobrará cara la factura al gobierno panameño.
Las presuntas investigaciones de la Procuraduría de Panamá, desde un principio estuvieron marcadas por el abuso de poder y la violación a los derechos humanos más elementales, al fabricar delitos. A pesar de llevar sus inversiones y generar fuentes de empleo en este país, muchos empresarios han sido tratados como delincuentes, es por eso que con la serie de anomalías y corrupción recurrentes en casos de alto perfil, queda claro que cualquier ciudadano en Panamá es susceptible de una injusticia y pueden arruinar su vida de un día para otro.
