En cumplimiento con los compromisos adquiridos por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informa que el día de mañana el avión TP01 Boeing 787-8 abandonará territorio nacional y dará inicio el proceso para realizar su venta a través de un mecanismo transparente, competitivo y apegado a Derecho.
En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, y el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informaron que este proceso permitirá al Gobierno de México maximizar el valor de la aeronave, evitando en todo momento cualquier afectación al patrimonio de la federación. Para lograrlo, se contará con el acompañamiento de organismos internacionales que garantizarán la transparencia.
El Estado mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012, mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendataria, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su carácter de adquirente, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como usuario final.
La aeronave partirá el lunes 3 de diciembre a las 11:00 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” para aterrizar en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, conocido como Victorville, en el condado de San Bernardino, en Estados Unidos. Dicha terminal fue identificada por el fabricante como el hangar más idóneo, toda vez que está habilitada para dar servicio y preservación de la aeronave. La misión del traslado, acompañamiento temporal y mantenimiento será encabezada por una tripulación que forma parte de la Fuerza Área Mexicana.
A partir de ahora, se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el proceso de venta, garantizando en todo momento la transparencia que este proceso demanda.
Con la salida del avión se refrenda el compromiso del Gobierno de México de preservar el patrimonio de las mexicanas y los mexicanos por medio de políticas de austeridad y, en particular, en lo relativo al transporte de los funcionarios públicos.
Al respecto, la flotilla aérea adscrita el gobierno federal, que consta de 60 aviones y 70 helicópteros, será sometida a un procedimiento similar de acuerdo con la normatividad aplicable.